Abogados especializados en derecho administrativo en Tenerife

¿Qué es el Derecho Administrativo?

El Derecho Administrativo es la rama del derecho cuyo objeto es la regulación de la organización y funciones de la Administración Pública. Este comprende tanto el ordenamiento jurídico que rige la forma en que operan las instituciones del Estado, como los servicios que estas prestan y su relación con los ciudadanos.

Su origen se remonta al siglo XVIII, tras el surgimiento de los nuvos sistemas políticos de los estados modernos. Con la intención de regular la relación de los ciudadanos con el Estado se crearon normas jurídicas e instituciones independientes que permitieran gestionar el estado al margen del sistema político vigente.

En la normativa del Derecho Administrativo se contemplan procedimientos para el funcionamiento de las instituciones que conforman el Gobierno a nivel nacional, regional y local. Una normativa que se recoge en la Constitución, el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

¿Cuáles son los principios generales del Derecho Administrativo?

Estos principios se recogen en los textos legales mencionados previamente y son los siguientes:

• Objetividad: Todo ciudadano debe recibir un trato igualitario, si preferencias ni discriminación. Todos los ciudadanos son iguales ante la Administración Pública.
• Jerarquía: Las normas de grado inferior se subordinan a las de grado superior, de la misma forma en que se organizan las funciones dentro de los organismos públicos.
• Descentralización: Las competencias están transferidas a organismos pertenecientes a la misma administración, pero con personalidad jurídica propia.
• Confianza legítima y buena fe: Toda administración pública debe conservar el principio de buena fe y confianza legítima para garantizar la confianza del ciudadano.
• Motivación de los actos administrativos: La Administración puede separarse de un determinado acto teniendo en cuenta el criterio establecido en actuaciones previas. Esto solo puede producirse si esta separación está bien fundamentada y se demuestra que no se ha incurrido en arbitrariedad.
• Desviación de poder: Las actuaciones de la Administración Pública deben estar orientadas a satisfacer el interés público.
• Eficacia y eficiencia: Todos los servicios públicos deben cumplir con los objetivos de calidad y eficiencia.
• Servicio al ciudadano: Se debe proporcionar buen servicio al ciudadano en todos sus niveles y áreas de actuación.
• Transparencia y participación: El trámite de información pública permite cumplir el principio de transparencia de la Administración Pública.
• Organización: Alude a la jerarquía de las instituciones públicas, la descentralización y la desconcentración funcional y territorial, así como a la coordinación, adecuación y suficiencia de medios, claridad, simplicidad y proximidad a los ciudadanos.
• Coordinación: La coordinación entre administraciones públicas es la esencia de una actuación eficaz.

¿Qué hace un abogado administrativo?

Contar con un abogado especializado en Derecho Administrativo puede resultar de gran ayuda en todos los procedimientos relacionados con las administraciones públicas. Dada la rapidez con la que se producen los cambios en las normativas, el abogado administrativo debe estar en continua formación.

Algunos de los supuestos frente a los que puede ser necesario un abogado administrativo son los siguientes:

• Contratación pública: Asesorar en lo referente a licitaciones públicas, redacción de informes jurídicos, reclamaciones de cantidades, tramitación de expedientes, resolución de contratos, revisión de peligros o cláusulas administrativas particulares.
• Licencias administrativas: Ayudan a la gestión de todo tipo de trámites para obtener licencias y autorizaciones.
• Ordenación del territorio y urbanismo: Estudian, crean el plan de negociación y la estrategia en los procesos urbanísticos.
• Procedimientos tributarios: Asesoran y defienden al sujeto mediante alegaciones, reclamaciones económicas, demandas y todo lo relacionado con el ámbito tributario.
• Responsabilidad patrimonial: Proporcionan asistencia en los asuntos relacionados con informes periciales, redacción de alegaciones, recursos y demandas relevantes para la responsabilidad patrimonial.
• Propiedades y territorios: Actúan en casos de problemas como expropiaciones forzosas o asesoramiento en la gestión de plusvalías.
• Procedimientos sancionadores y multas.
• Subvenciones y ayudas: Asesoran en los procedimientos relativos a la tramitación y concesión de subvenciones o ayudas.
• Daño al ciudadano: Intervienen en las reclamaciones relacionadas con situaciones que involucran al ámbito público como las realizadas por negligencias médicas o caídas en la vía pública.